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domingo, 1 de mayo de 2011

LO DIFICIL DE AJUSTICIAR


Justicia es un término de origen romano que definió el jurista Ulpiano como “la constante perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”. En esta enunciación se deja claro cual es la la acción de impartir justicia, que no es otra que la de interpretar las acciones humanas delictivas desde un contexto normativo común de convivencia: las leyes. El problema surge cuando la voluntad humana de ajusticiar no sólo se ve sometida a la legislación sino que se enfrenta a ella. En los últimos días hemos podido observar ciertos casos en donde la norma ha chocado con el instinto racional del ser humano para juzgar. El caso del etarra Troitiño, que según la ley ha cumplido con su pena, se enfrenta con el sentido común de la sociedad, que no comprende como un terrorista que acabó con una veintena de vidas puede conmutar su pena con veinticuatro años de prisión. ¿Es entonces la normativa legal una reproducción de la normativa social? Menos grave pero igual de relevante es la sentencia del TS por la que las parejas con hipoteca que se separen deberán de afrontar por igual su coste. Las leyes deben de accionarse sobre la situación de cada individuo y no sobre si mismas. Es injusto que una mujer que por amor se apartó de la vida laboral para dedicarse íntegra a su hogar y familia, tenga que asumir el coste de una hipoteca cuando éste caduque. Igual que es indebido que el hombre tenga que costearla en su totalidad cuando ella también dispone de recursos para hacerlo.
Otros ámbitos en donde la justicia más que aunar divide a la población es en política. Pero, es  curioso como algunos pierden su parcialidad ante situaciones delictivas  por  posicionamientos e intereses. ¿Cómo es posible entonces que el PP atosigue al gobierno y a los jueces para ilegalizar las listas de BILDU, y no aparte de la política a los miembros de sus corporaciones imputados por corrupción? En política, cualquier tipo de delito, sea de mayor o menor gravedad, no debe de tener ningún tipo de expresión en los órganos de representación ciudadana.  
En resumen, el civismo posibilita que los delitos se rijan por un organismo ejecutor que imparte justicia de forma reglamentada y autónoma; la complejidad reside en esa parte de la justicia que otorga a cada uno su derecho, quizás es dicha voluntad judicial la que hace de dicho ejercicio un acto humano y, a su vez, justo.